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El director general de Energía y Minas de Castilla y León, Alfonso Arroyo, ha mantenido una reunión de trabajo, en el municipio leonés de La Baña, con las asociaciones empresariales regionales del sector de la pizarra y la roca ornamental, APICAL y PINACAL, y con representantes de las empresas Cupire-Padesa, Grupo El Carmen, La Baña, Matacouta, y Manada Vieja.

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Cantera de Filita y Pizarra, El Castillo.

Durante la reunión se ha trabajado en el plan de trabajo de apoyo específico al sector pizarrero que anunció el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la comparecencia de legislatura en la Cortes de Castilla y León, el pasado 16 de mayo.

Este plan se desarrollará en los próximos tres años y tendrá como objetivo abordar las principales necesidades que demanda el sector, impulsar la consolidación de actividad del sector de la pizarra e impulsar su modernización y aprovechamiento racional y sostenible.

Líneas de trabajo
El Plan se basará en cuatro ámbitos de actuación: en primer lugar, de ordenación, con el fin de lograr un desarrollo óptimo de los proyectos y sus afecciones medioambientales e hidrológicas; en segundo lugar, de seguridad y salud minera, para lo cual se implementarán líneas de apoyo económico para la mejora de instalaciones y equipos, mediante convocatorias de subvenciones durante los próximos tres años que gestionará la Consejería de Economía y Hacienda, y se seguirá contando con la colaboración del Instituto Nacional de Silicosis para combatir esta enfermedad y los riesgos asociados a la inhalación de partículas de sílice cristalina respirable; en tercer lugar, se identificarán las necesidades de apoyo a la comercialización y exportación de la pizarra a terceros países; y en cuarto y último lugar, en satisfacer las necesidades detectadas de profesionales formados para las labores extractivas y de labrado.

Asimismo, el director general de Energía y Minas ha visitado a los alumnos y profesores del CEIP La Baña para presentarles y entregarles la agenda escolar minera 2022-2023.

Esta iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León cuenta con el patrocinio, entre otros, de las empresas de pizarra de la comarca. La agenda escolar minera, en su segundo año, tiene por objeto concienciar a los más pequeños de la importancia de la minería en nuestro modelo de sociedad, acercando a los alumnos el actual contexto económico y social, que experimenta procesos de cambio, en particular de transición energética, que supone la aparición de nuevas demandas de materiales y materias primas.

Importancia económica de la pizarra

El sector de la pizarra emplea en Castilla y León a 993 trabajadores en 23 explotaciones que producen 464.857 toneladas con un valor de 81.594.458 euros, y se trata del sector minero de mayor importancia una vez clausurada la minería de carbón, según la última Estadística Minera Nacional publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (año 2020).

La pizarra ostenta una alta consideración económica, social y territorial para la Comunidad, siendo la mayor parte de su producción destinada a la exportación. Se trata de un sector productivo que ha aguantado con un importante esfuerzo las últimas crisis económicas, manteniendo el empleo directo e indirecto en las zonas de La Cabrera y El Bierzo (León), Aliste (Zamora) y Bernardos (Segovia).

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Extremadura hará un control más exhaustivo de los afectados por silicosis tras la nueva directiva europea sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos por exposición a agentes carcinógenos, que ha incluido a los trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina.

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Así ha quedado patente en una jornada técnica dedicada a estudiar la relación entre el polvo de sílice cristalina respirable, presente en el sector extractivo, y el cáncer de pulmón organizada este jueves en Don Benito, en el marco de la Feria Ibérica de la Construcción (FICON), por parte del Instituto Nacional de Silicosis.

En ella ha participado el director general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Samuel Ruiz, quien se ha referido a un nuevo catálogo de medidas que va a implantar el Ejecutivo regional para informar a las industrias sobre los posibles riesgos que conlleva la inhalación del polvo silíceo para la salud.

Unas medidas que se concentran especialmente en el trabajo con la población pacense de Quintana de la Serena, pues sufre de manera más acusada esta enfermedad debido a la cercanía de la mina de granito.

Con el fin de prevenir y mitigar esta afección, el director del Instituto Nacional de Silicosis, Luis Díaz, ha adelantado que se conservarán durante un período de 40 años los expedientes médicos de los afectados.

Además, se otorgará mayor protección al colectivo de mineros y se realizarán análisis “más rigurosos” de la exposición al polvo de sílice.

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Los técnicos habilitados de la Junta visitarán a lo largo este año un total de 3.400 centros de trabajo andaluces para comprobar y vigilar el seguimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en colaboración con la Inspección de Trabajo. El plan de actuación para 2019 de este cuerpo de funcionarios de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, aprobado por la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía, tiene previsto realizar alrededor de 6.800 visitas con el objetivo de reforzar la labor que desarrolla el cuerpo de inspectores de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, incrementando las actividades de control de las condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.

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Para ello, la labor de los 30 efectivos que componen este equipo se centrará en sectores de especial relevancia en Andalucía tanto por su volumen y proyección exterior como por sus tasas de siniestralidad laboral.

Las visitas se incrementan en torno al 42% para este año debido a la incorporación de 10 nuevos efectivos en el desarrollo de estas funciones comprobatorias.
En total se han determinado 16 sectores de actividad de las ocho provincias andaluzas, atendiendo a la desfavorable evolución que han experimentado en los últimos años en materia de siniestralidad laboral. De esta manera, además de las actividades planificadas para el conjunto de la comunidad, el plan de actuación de los técnicos habilitados prevé una especial atención a determinadas actividades con gran presencia en las economías provinciales o con peculiaridades locales desde un punto de vista preventivo.

Durante este año también se llevaran a cabo cinco campañas especiales de actuación en empresas con riesgo de exposición laboral a amianto, del sector de los compactos del cuarzo, en empresas de construcción de edificios, en aquellas que desarrollan actividades en sectores prioritarios de actuación en materia de enfermedades profesionales y en empresas que presenten declaración de enfermedad profesional de determinados grupos (las causadas por agentes carcinogénicos, agentes químicos, ruido, agentes biológicos, asbestosis, silicosis, etc.).

La labor de estos técnicos habilitados por la Junta consiste en asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral, para lo cual visitan las empresas y, en caso de detectar alguna deficiencia, la ponen en conocimiento del empresario para que éste proceda a subsanarla en un plazo de tiempo establecido. En caso contrario, los técnicos informan a la Inspección de Trabajo para que ésta actúe.

Las visitas se centran especialmente en las instalaciones y equipos de trabajo, las sustancias utilizadas, la aplicación de la normativa de seguridad y salud laboral en los ambientes de trabajo, la adecuación de los procedimientos de seguridad seguidos por las empresas, los equipos de protección, la práctica de reconocimientos médicos y el cumplimiento de la adaptación ergonómica en los puestos de trabajo.

En 2018 el personal técnico habilitado realizó un total de 4.646 visitas y emitió 70 propuestas de actas de infracción a la Inspección de Trabajo. De las 1.856 actuaciones cerradas el pasado año, se detectaron deficiencias en el 58,78% de los casos y un 93,6% de los centros de trabajo en los que se detectaron incumplimientos de la normativa procedió a subsanarlos.
Entre las deficiencias más habitualmente detectadas, destacan las relacionadas con las máquinas y equipos de trabajo, las instalaciones eléctricas y los dispositivos de protección contra incendios, además de las vinculadas a la señalización y la seguridad general de los edificios.

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